Allá por el siglo II d.C. Calígula quería tanto a su caballo llamado Incitatus que, bajo pena de muerte, imponía el silencio en la vecindad para que nadie turbase el descanso del animal. Lo revestía de mantas de púrpura y collares de perlas, le procuraba una dieta rica en copos de avena, pollo y marisco, y hasta tuvo intención de nombrarle cónsul de Bitinia. Dos mil años después, a la vista de la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley de bienestar de los animales, cobra plena vigencia el decir del Rey Salomón << no hay nada realmente nuevo bajo el sol>>, y es que de Calígula a Pedro Sánchez parece que solo ha pasado el tiempo. Ambos emperadores son el principio y -por ahora- final de una larga y disparatada carrera que va consumiendo etapas hasta alcanzar su meta: la equiparación entre hombres y animales.
El citado proyecto de ley implica el acceso a nuestro ordenamiento jurídico de unos postulados animalistas peligrosamente afines a ideologías hoy superadas, hasta el punto de poder reputarse un trasunto de la legislación promulgada el pasado siglo en la Alemania nacionalsocialista. Inspirada en el delirante culto que su líder profesaba a su perrita Blondi, las leyes germánicas de la época limitaban la caza hasta su casi prohibición, proscribían la participación de animales en producciones cinematográficas, e incluso castigaban con el ingreso en un campo de concentración a quienes realizaran prácticas consideradas contrarias a la dignidad (sic) de los animales. Esta realidad – ocultada por motivos obvios durante años por el pensamiento animalista – es ahora justificada por sus más significativos representantes, algunos de los cuales mantienen hoy posturas equidistantes frente a las consecuencias de la barbarie nazi. Fiel reflejo de lo expuesto es la obra de Peter Singer – gurú de la ideología animalista – quien en su ensayo «Ética práctica» prefiere la muerte de un ser humano con una discapacidad intelectual congénita frente a la de un chimpancé. Preguntado por este aberrante pensamiento manifestó << si el niño no está capacitado para establecer relaciones sociales, ni para disfrutar de su vida, mientras que el chimpancé sí tiene una vida más rica y compleja que ese ser humano gravemente discapacitado, entonces creo que hay menos pérdida en matar a ese humano que a un chimpancé>>. En el ideario animalista, la libertad es el último obstáculo para igualar hombres y animales, de ahí su empeño por coartarla. Tratar a los animales como personas para poder tratar a las personas como animales es el fin último que subyace en sus pretensiones, y para ello buscan la deshumanización del hombre mediante una legislación que, de un lado, relativiza la dignidad inherente al ser humano y, de otro, atribuye a los animales cualidades y sentimientos que pertenecen en exclusiva al género humano. Hoy, la protección que nuestro ordenamiento jurídico dispensa a los animales es inversamente proporcional a la de los humanos, quién sabe si con el oculto propósito de alumbrar una nueva especie más dócil y sumisa.
El influjo animalista ha exacerbado el intervencionismo gubernamental, y hasta nuestro Código Civil ha sido objeto de reforma mediante una ley en cuyo preámbulo se establece una relación causa-efecto entre el maltrato animal y el abuso sexual infantil, paranoica afirmación basada en pseudoestudios ad hoc carentes del mínimo rigor exigible. Asimismo, la inminente reforma del Código Penal castigará la muerte de un animal vertebrado con dos años de prisión, extensión de la pena que se sitúa en un rango similar a delitos como el homicidio por imprudencia o abusos sexuales. Pero es el recién aprobado proyecto de ley de bienestar animal (norma “estrella” del Ministerio de Derechos Sociales alabada por su titular con la afirmación << todo el mundo sabe que los perros son perros independientemente de a qué se dediquen>> ) el que puede suponer el inicio del fin de la forma de vivir que hemos conocido. Su prolijo articulado convierte al proyecto en un compendio formal y material del credo animalista, que principia con la creación de más de una docena de órganos administrativos (coloquialmente conocidos como “chiringuitos”) desde los que se pretende, además de establecer una red clientelar, un control omnímodo sobre cualquier conducta relacionada con los animales por remota que sea. Igualmente, postula el adoctrinamiento del ideario animalista desde la más tierna infancia, a la par que advierte de importantes medidas represoras en caso de incumplimiento. Instaura una presunción de culpabilidad – a la que anuda incluso una responsabilidad penal – ante un eventual extravío de un animal; obliga a integrarlos, so pena de sanción, en el núcleo familiar (sic) y a su esterilización; e incluso que se disponga de calefacción o aire acondicionado en su lugar de alojamiento o medio de transporte. Como también es habitual en normas marcadamente restrictivas de derechos, se abusa hasta el infinito de conceptos jurídicos indeterminados, y se impone la obligación a todos establecimientos (públicos y privados) de colocar un distintivo visible desde el exterior para el caso de que no admitan la entrada de animales, medida que evoca tiempos pretéritos al perseguir la estigmatización pública del disidente. A diferencia de las nuevas generaciones de humanos, los animales podrán jubilarse, y como corolario normativo se instaura un represivo régimen sancionador que impone multas de hasta diez mil euros para infracciones… ¡leves!
De no ser por la peligrosa deriva en la que nos encontramos, llamaría a sonrojo tener que poner de manifiesto algunas de las diferencias existentes entre el hombre y los animales, y que echan por tierra el antropomorfismo del que beben las últimas reformas legislativas. Aunque en algunos casos pudiera resultar razonable la duda ( v.gr. el precitado Peter Singer), el ser humano posee no solo una capacidad intelectiva superior a los animales, sino que tiene una conciencia que le permite discernir el bien del mal, y es su libre voluntad la que mueve su comportamiento consigo, con los demás y el entorno. Al carecer de conciencia, los animales no son sujetos de derecho – ni, por tanto, de obligaciones – y no tienen sentimientos tales como la admiración, amistad, esperanza, venganza, culpa o preocupación, y ello por la sencilla razón de que carecen de raciocinio, de ahí que la equiparación entre ser animales y personas bien puede calificarse como irrazonable.
Las últimas reformas legislativas suponen una amenaza que pone de manifiesto la pujante fuerza – hasta de ley – de la locura animalista, cuyo paroxismo cuestiona nuestra forma de vivir, convivir y hasta la libertad. Las iras animalistas ya no se dirigen en exclusiva hacia la tauromaquia, y en su punto de mira asoman otros colectivos que, hasta ayer, se limitaban a apelar al sentido común para conjurar un peligro que erróneamente creían lejano. El crematístico negocio que sustenta el animalismo, la infantilización de la sociedad actual, y una indisimulada propensión a coartar la libertad individual suponen un riesgo cierto al que debe hacerse frente más allá de filias personales, pues parafraseando la leyenda del Museo del Holocausto << luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí>>.
Francisco Gordón Suárez es abogado y coordinador del capítulo de Córdoba de la FTL.
