Una vez más, la Fundación Toro de Lidia ha logrado una victoria jurídica en defensa de la tauromaquia y el honor de los toreros. Si hace pocas semanas se producía una sentencia que condenaba a una concejal antitaurina a indemnizar a los familiares de Víctor Barrio, el pasado 20 de diciembre ha habido otra resolución judicial, en este caso del Juzgado de Primera Instancia de Sepúlveda, que homologaba el acuerdo por el que otra antitaurina reconocía su responsabilidad por una intromisión ilegítima en el honor del diestro de Grajera muerto en la plaza de Teruel aquel 9 de julio de 2016.
En esta ocasión, la responsable escribió en su muro de Facebook: «Pues yo soy una que apoyo la muerte de todos los toreros y aquellos que los defienden eso no son humanos son basura por lo cual exterminio […] esos no son humanos…no sé ni cómo podéis lamentaros por unos asesinos en serie» (sic).
Después de recibir la demanda en la que se pedía su condena como responsable de una intromisión ilegítima en el derecho al honor del matador fallecido, se avino a admitir su responsabilidad y el daño que había causado, a retractarse en la misma red en que insultó al diestro, a autorizar la difusión de su retractación y a indemnizar a la madre, la esposa y el hijo de Víctor Barrio. Gracias a la Fundación Toro de Lidia, que asistió a los demandantes en su pretensión, se ha reparado el daño que, una vez más, se había causado al honor de un diestro.
No deberíamos olvidar esto. Como recordaba la sentencia que condenó a la concejal por mancillar el honor de Víctor Barrio, un torero ejerce una profesión legal y regulada. No es, pues, un asesino, ni es inhumano ni tiene por qué disculparse por lo que hace. El insulto gratuito, la celebración de su muerte o sus lesiones, el ataque a su dignidad misma de ser humano deben tener una respuesta contundente en el marco de la ley, sin duda, pero con todo su rigor.
Durante mucho tiempo, los profesionales de la tauromaquia y los aficionados a ella hemos presenciado una creciente agresividad contra la fiesta, que es patrimonio cultural español, tal como ha recordado hace apenas un año el Tribunal Supremo. Gracias a la Fundación Toro de Lidia la impunidad del insulto se está acabando. Se está terminando esta costumbre de celebrar la cogida fatal, la cornada de muerte y todas las lesiones como si los toreros fuesen culpables de algún crimen.
Conviene recordar adónde habíamos llegado para comprender lo necesarias que son resoluciones judiciales como éstas que mencionamos. Aquí se ha insultado a un niño de ocho años -estoy hablando de Adrián Hinojosa– porque quería ser torero. Se ha celebrado la cogida mortal de Iván Fandiño hace apenas siete meses. Se ha jaleado en las redes cada herida sufrida en la plaza. De una legítima libertad de criticar -la misma que otros tenemos para recordar el sentido profundo de la fiesta- hemos pasado a una espiral de insultos, humillaciones y ofensas que nadie tiene por qué tolerar. Ya lo dijo Morante mirando una concentración de unos pocos antitaurinos en Ronda mientras se tomaba unas patatas fritas de bolsa: «Yo no soy ningún asesino«.
La impunidad del ataque a los toreros presagia lo peor si no reaccionamos, porque lo que está en juego no es sólo la tauromaquia -siendo ésta importantísima- sino la libertad misma de cultivar el arte, la cultura y, en general, de vivir en sociedad dentro de las normas que todos nos hemos dado. Tal vez algunos piensen que no les afecta porque no son toreros, ni ganaderos, ni empresarios ni taurinos ni nada relacionado con el mundo del toro. Se equivocan. En la libertad de la tauromaquia nos estamos jugando la libertad sin más, es decir, como enseñó Alonso Quijano a Sancho Panza, «uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos«.
Por eso hay que celebrar esta nueva resolución que reconoce la intromisión ilegítima en el derecho al honor de Víctor Barrio. Aunque usted no lo sienta, también es su derecho al honor -esa parte que le toca como a cualquier otro ciudadano- el que sale reforzado.