Una vez más, la Fundación Toro de Lidia ha logrado una victoria jurídica en defensa de la tauromaquia y el honor de los toreros. Si hace pocas semanas se producía una sentencia que condenaba a una concejal antitaurina a indemnizar a los familiares de Víctor Barrio, el pasado 20 de diciembre ha habido otra resolución judicial, en este caso del Juzgado de Primera Instancia de Sepúlveda, que homologaba el acuerdo por el que otra antitaurina reconocía su responsabilidad por una intromisión ilegítima en el honor del diestro de Grajera muerto en la plaza de Teruel aquel 9 de julio de 2016.

En esta ocasión, la responsable escribió en su muro de Facebook: “Pues yo soy una que apoyo la muerte de todos los toreros y aquellos que los defienden eso no son humanos son basura por lo cual exterminio […] esos no son humanos…no sé ni cómo podéis lamentaros por unos asesinos en serie” (sic).

Después de recibir la demanda en la que se pedía su condena como responsable de una intromisión ilegítima en el derecho al honor del matador fallecido, se avino a admitir su responsabilidad y el daño que había causado, a retractarse en la misma red en que insultó al diestro, a autorizar la difusión de su retractación y a indemnizar a la madre, la esposa y el hijo de Víctor Barrio. Gracias a la Fundación Toro de Lidia, que asistió a los demandantes en su pretensión, se ha reparado el daño que, una vez más, se había causado al honor de un diestro.

No deberíamos olvidar esto. Como recordaba la sentencia que condenó a la concejal por mancillar el honor de Víctor Barrio, un torero ejerce una profesión legal y regulada. No es, pues, un asesino, ni es inhumano ni tiene por qué disculparse por lo que hace. El insulto gratuito, la celebración de su muerte o sus lesiones, el ataque a su dignidad misma de ser humano deben tener una respuesta contundente en el marco de la ley, sin duda, pero con todo su rigor.

Durante mucho tiempo, los profesionales de la tauromaquia y los aficionados a ella hemos presenciado una creciente agresividad contra la fiesta, que es patrimonio cultural español, tal como ha recordado hace apenas un año el Tribunal Supremo. Gracias a la Fundación Toro de Lidia la impunidad del insulto se está acabando. Se está terminando esta costumbre de celebrar la cogida fatal, la cornada de muerte y todas las lesiones como si los toreros fuesen culpables de algún crimen.

Conviene recordar adónde habíamos llegado para comprender lo necesarias que son resoluciones judiciales como éstas que mencionamos. Aquí se ha insultado a un niño de ocho años -estoy hablando de Adrián Hinojosa– porque quería ser torero. Se ha celebrado la cogida mortal de Iván Fandiño hace apenas siete meses. Se ha jaleado en las redes cada herida sufrida en la plaza. De una legítima libertad de criticar -la misma que otros tenemos para recordar el sentido profundo de la fiesta- hemos pasado a una espiral de insultos, humillaciones y ofensas que nadie tiene por qué tolerar. Ya lo dijo Morante mirando una concentración de unos pocos antitaurinos en Ronda mientras se tomaba unas patatas fritas de bolsa: “Yo no soy ningún asesino“.

La impunidad del ataque a los toreros presagia lo peor si no reaccionamos, porque lo que está en juego no es sólo la tauromaquia -siendo ésta importantísima- sino la libertad misma de cultivar el arte, la cultura y, en general, de vivir en sociedad dentro de las normas que todos nos hemos dado. Tal vez algunos piensen que no les afecta porque no son toreros, ni ganaderos, ni empresarios ni taurinos ni nada relacionado con el mundo del toro. Se equivocan. En la libertad de la tauromaquia nos estamos jugando la libertad sin más, es decir, como enseñó Alonso Quijano a Sancho Panza, “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos“.

Por eso hay que celebrar esta nueva resolución que reconoce la intromisión ilegítima en el derecho al honor de Víctor Barrio. Aunque usted no lo sienta, también es su derecho al honor -esa parte que le toca como a cualquier otro ciudadano- el que sale reforzado.

Algunos tratan de que aquel axioma irrefutable y cargado de orgullo de fui futbolista, artesano, cineasta, bailaor, músico o cofrade porque mi padre me llevó de niño a ver tal o cual acto o espectáculo, muera para la tauromaquia con la enmienda legislativa que el partido Podemos ha pretendido introducir, y no ha conseguido, en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, estableciendo los 18 años como edad mínima para asistir o participar en espectáculos taurinos con presencia del toro o inscribirse en escuelas taurinas. Quieren sustituirlo por el “No fui Torero (o no fui aficionado) porque Podemos me lo impidió”.

 En realidad, el debate sobre dicho Proyecto de Ley suscita no pocas cuestiones sobre cuál es el alcance que los poderes públicos pueden tener para intervenir en la educación de los hijos, asunto de plena actualidad y que viene precedido por otras controversias pero con un mismo origen como el llamado “pin parental”. Hasta qué punto pueden impedir que un padre introduzca a su hijo en manifestaciones culturales legalmente protegidas en virtud de la supuesta protección de otros valores. Cuál es el límite  entre una digna protección del Estado y la restricción de libertad a los padres para educar a los hijos en su acervo cultural. La prestación de asistencia por parte de los padres a sus hijos menores (de todo orden según el mandato constitucional), incluye también el posibilitar su desarrollo en el entorno físico, social y cultural en el que se desenvuelven, y no es una recomendación sino un deber con consecuencias jurídicas, sin embargo un celoso proteccionismo de los poderes públicos puede impedir un correcto ejercicio de ese deber (también derecho). El exceso o la extralimitación intervencionista pueden convertirse en una potente herramienta adoctrinadora y limitativa de derechos.

Sorprende, en ese sentido, cómo el mismo partido y en relación con el mismo Proyecto de Ley sea tan celoso en la búsqueda de un amparo pericial y científico para con el Síndrome de Alineación Parental (SAP), incluso arbitrando una fiscalización de los medios de protección del menor a través del Observatorio de la infancia y el derecho del menor a ser oído hasta en sus últimas consecuencias incluso en edades infantiles. Sin embargo respecto a la tauromaquia no se tiene en cuenta ni la voluntad del menor ni la de sus padres, en lo que constituye un agravio comparativo evidente a nivel legislativo con otras realidades. Y se hace, además, vulnerando derechos básicos del menor: derecho a su desarrollo personal, al libre pensamiento, derecho al acceso a la cultura, derecho a una educación basada en su arraigo cultural y diverso, y por último el derecho inalienable de los padres a la educación y formación de sus hijos, por supuesto, en libertad.

Vivimos en una montaña rusa de parideras legislativas que no atienden a una demanda social sino a la conveniencia del gestor político, sin doctrina, sin jurisprudencia que las completen, sin dejar que una norma se asiente, se aplique, se discuta y finalmente se enmiende.

Así, asistimos a una inmediatez normativa alejada de una necesaria visión global del tratamiento del menor en el complejo entramado legislativo del ordenamiento jurídico español. Conviene recordar al Sr. Iglesias que un menor de edad tiene capacidad cognitiva y volitiva en el orden civil para otorgar testamento a los 14 años, que a los 16 con dispensa judicial o emancipación voluntaria puede contraer matrimonio renunciando a la patria potestad de los padres y residir solo, así como ejercer la patria potestad sobre sus propios hijos, se es responsable a esa edad para mantener relaciones sexuales consentidas, se posee la mayoría de edad sanitaria para ser informado y prestar consentimiento respecto a decisiones sobre la salud, puede autolesionarse colocándose un piercing sin consentimiento paterno y tiene capacidad para trabajar abandonando estudios. Una mujer puede abortar en este país con 16 años.

Siendo todo eso así ¿puede alegarse de forma coherente que un menor que puede casarse o abortar no tiene capacidad suficiente para decidir si asiste o no a un espectáculo taurino o apuntarse a una escuela taurina?

¿Y qué decir de la responsabilidad de los padres en el reproche civil derivado de la actuación de un menor de edad a su cargo incluso por los delitos cometidos por aquellos? El Estado presume que dentro de las obligaciones parentales está el “no hacerlo bien”, “como debiera un buen padre de familia” y responder de los actos culposos, negligentes o dolosos de los hijos. Mucha carga legal esa en la espalda de los progenitores, lo que contrasta con la pretensión intervencionista sobre los padres, a quienes algunos suponen no ser suficientemente cívicos por mostrar a sus hijos la muerte de un toro.

La regulación legal de la protección de la infancia y adolescencia en relación con la tauromaquia puede hacerse (como pretendía la indicada enmienda) investida de prejuicios y supremacía moral y además aislada del resto del orden jurídico, o, de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico, basada en la diversidad cultural, en el derecho a la cultura, la formación y educación desde la infancia y la libertad educativa de los padres.

Sin acceso del menor a la cultura taurina, la tauromaquia, su patrimonio, su historia, su arraigo popular y legado, comenzará a morir desde su base. Y lo saben muy bien. “Soy aficionado porque mi padre me educó llevándome a los toros” quedará para el recuerdo.

Ya es grave que algunas comunidades autónomas, como Cataluña o Baleares, hayan utilizado la legislación transferida en materia taurina para, de forma dolosa, acabar con las corridas de toros en claro fraude de ley y abuso competencial como declaró con contundencia el Tribunal Constitucional. Ahora se trata de utilizar una enmienda en una Ley Orgánica estatal para anular y prohibir de forma encubierta la gestión trasferida y ya regulada normativamente por las comunidades autónomas. No importa la tradición local, la historia, el patrimonio, las artes, el acervo cultural que de forma plural define a un pueblo, lo que importa es tratar de imponer un solo modo de ver la historia, la cultura, los medios de comunicación y la educación.

Se diría que alguno pretende seguir la consigna de Fernando El Católico en la guerra de Granada: He de arrancar, uno a uno, los granos de esa Granada”. Y que la tauromaquia muera cercada en todos los frentes. Hoy es el toro, mañana…

Al torero Víctor Barrio lo mató Lorenzo, un toro de Los Maños, el tercero de la tarde, en la plaza de Teruel el 9 de julio de 2016. La cornada fue espantosa. El pitón le atravesó el pecho. Al cabo de pocos minutos, se confirmó su fallecimiento. El parte médico señalaba como causa de la muerte “perforación del pulmón derecho, rotura de la aorta torácica con disección posterior hasta hemitórax izquierdo”. 

A las pocas horas, Datxu Peris, a la sazón concejal de Guanyar Catarroja en ese pueblo valenciano, escribió una entrada en su perfil de la red social Facebook cuyo tenor literal es elocuente:

Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto…Ya ha dejado de matar.

El negativo, entre otros, claramente es que a lo largo de su carrera ha matado mucho. Muchos de los de mi equipo, que como digo siempre, es el de los oprimidos, los que siempre pierden porque tienen a todos los opresores en contra, porque tienen el partido amañado. Ahora los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón en su sistema, y me pregunto, como muchos, cuantas bajas más de este equipo harán falta para que los gobiernos centrales, generalitats, diputaciones y ayuntamientos dejen de subvencionar estas prácticas con olor a sadismo.

No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió. No solo de toros adultos a lo largo de su carrera (según las estadísticas de su página oficial, ha acabado con 258 vidas desde 2008), sino que también novillos a lo largo de su aprendizaje en escuelas taurinas, en las cuales podemos encontrar niños que acaban normalizando situaciones como esta: “un alumno asestó hasta 14 estocadas al animal antes de que este cayera al suelo, donde fue apuntillado, y aún vivo y boqueando, tratando de tomar los últimos alientos de vida, fue arrastrado al matadero”.

El texto iba acompañado de una fotografía de la fatal cogida.

La viuda del torero ejerció acciones civiles en defensa del honor de su marido muerto. Ganó en la primera instancia: entre otros pronunciamientos, Datxu Peris resultó condenada a pagar 7000 € de indemnización. Volvió a ganar la viuda en la apelación ante la Audiencia Provincial, que confirmó la sentencia. Ganó de nuevo en el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación de la concejal. Ahora, ha ganado en el Tribunal Constitucional, que ha desestimado el recurso de amparo de la concejal. Datxu Peris ha perdido siempre. 

Hay muchas cuestiones interesantes en torno a esta sentencia. Una, que merecería otra columna, es esa disparatada defensa de los animales que lleva al menosprecio -cuando no al odio- del ser humano. Como toda ideología totalitaria, el animalismo termina despreciando al ser humano. 

Ya digo que habría muchas cosas que subrayar, pero centrémonos en dos. 

La primera es la aplicación a la comunicación a través de redes sociales de los mismos principios que se aplican a la comunicación fuera de ellas. Pretendía la concejal de Guanyar Catarroja que no se podía juzgar su mensaje en Facebook con los mismos parámetros que serían aplicables a un mensaje fuera de la red. El Tribunal Constitucional ha aprovechado esta ocasión para abordar “la incidencia que tiene en la ponderación de tales derechos fundamentales la utilización de las redes sociales como medio de transmisión de las opiniones” y ha concluido que “si la conducta es lesiva del derecho al honor fuera de la red, también lo es en ella”. No cabe, pues, ampararse sin más en el medio empleado – una red social, en este caso- para rebajar el criterio de exigencia del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. 

La segunda consideración es el pretendido ejercicio legítimo de la libertad de expresión en un contexto político. Pretendía Datxu Peris que, como activista antitaurina, tenía derecho a que su libertad de expresión prevaleciese sobre el derecho al honor del difunto torero porque se trataba de un mensaje en el contexto de la crítica antitaurina.

El Constitucional ha recordado su doctrina sobre el valor de la tauromaquia como patrimonio cultural para entrar, de lleno, en el pretexto de la crítica antitaurina que esgrimía la concejal: “En este contexto social, en el que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural inmaterial español, calificar directamente a don Víctor Barrio Hernanz, por su dedicación profesional como “asesino” o miembro del equipo de los “opresores”, debe ser considerado, sin el menor atisbo de duda como una injerencia en su derecho al honor, al suponer un menoscabo de reputación personal, así como una denigración de su prestigio y actividad profesional, con directa afectación a su propia consideración y dignidad individual”.

El Constitucional remata la faena con un párrafo demoledor: “para defender públicamente sus posiciones antitaurinas no era necesario calificar en la red social de asesino o de opresor a don Víctor Barrio y mostrar alivio por su muerte. Menos aún hacerlo acompañando al texto una fotografía en que se mostraba al torero malherido, en el momento en que fue corneado, con evidentes muestras de dolor, y realizar esa publicación a las pocas horas de fallecer a consecuencia de esa cornada en la plaza de toros de Teruel, ocasionando con ello un dolor añadido al que tenían sus familiares”. 

Por fin, el Tribunal hace una reflexión muy valiosa para comprender el debate cultural en que nos hallamos inmersos: “Tampoco la utilización de tales expresiones venía exigida o reclamada por un ejercicio de “pluralismo”, “tolerancia” o “espíritu de apertura”, sustento de cualquier sociedad democrática y de la libertad de expresión. Al contrario, precisamente tales principios reclamaban de la recurrente una mayor mesura y contención a fin de no menoscabar injustificadamente el respeto debido a la dignidad humana, al dolor de los familiares y al honor del fallecido”. Eran, pues, el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura los que exigían mesura y contención para no menoscabar sin justificación el respeto a la dignidad humana.

El Constitucional advierte que “La libertad de expresión no puede ser un instrumento para menoscabar la dignidad del ser humano, pues ésta se erige como fundamento del orden político y de la paz social”. He aquí el corazón incandescente de este debate: la dignidad humana. So pretexto de defender a los animales, se pretende mancillar la dignidad humana. En esa pretensión de liberar a los “oprimidos” -Datxu Peris hablaba de “opresores”- se olvidan del ser humano por el camino.

La tauromaquia se ha convertido en la primera línea de defensa de la libertad y la dignidad humanas frente a una ideología totalitaria -el animalismo- que, so pretexto de elevar a los animales, en realidad quiere degradar al ser humano.

Nosotros, pues, sólo podemos celebrar que, una vez más, haya prevalecido el derecho al honor del torero Víctor Barrio.