México es un país taurino, la Tauromaquia llegó a lo que hoy es su territorio en 1526, al respecto, Hernán Cortés narró en su Quinta Carta-Relación dirigida al emperador Carlos V haber presenciado una corrida de toros el 24 de junio de ese año. Meses más tarde, el 16 septiembre, el propio Cortés fundó Atenco, primera ganadería de bravo de América, aún existente. A partir de entonces, diversas festividades se celebraron con espectáculos taurinos; entre los siglos XVI y XVII la fiesta brava se consolidó en la Nueva España y para el siglo XIX estaba en plena efervescencia, por lo que una vez consumada la independencia de México los festejos taurinos continuaron y se siguen desarrollando hasta nuestros días.
En el México virreinal la regulación de la Tauromaquia se materializó básicamente a partir de las ordenanzas municipales, tal como ocurría en la Península Ibérica, más enfocadas a las cuestiones de orden público y de medidas de seguridad para evitar daños a los lidiadores, que a la ordenación del espectáculo en sí; posterior a la consumación de la independencia del país, se atribuye a un general del Ejército Trigarante, Luis Quintanar, la expedición del primer reglamento taurino de la ciudad de México en el año de 1822. Posteriormente el ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en 1887 aprobó el Reglamento Especial para las Corridas de Toros y a partir de entonces los distintos municipios comenzaron a emitir su reglamentación taurina.
En la actualidad México es un Estado federal, por lo que la regulación de los espectáculos públicos y del bienestar animal corresponde a cada una de las entidades federativas del país, lo que ha traído como consecuencia que no exista una normatividad taurina uniforme, ya que sólo en un estado de la República, Tamaulipas, existe una ley emitida por su Congreso local que regula la celebración de espectáculos taurinos; en otras dos entidades, Estado de México y Tlaxcala, existe un reglamento aplicable en todo el estado, mientras que en el resto de los lugares donde se celebran espectáculos taurinos son los municipios los responsables de la reglamentación correspondiente.
Son cuatro las entidades federativas donde hay prohibición vigente para llevar a cabo corridas de toros: Guerrero, Sinaloa, Coahuila y Quintana Roo, en el caso de este último, se están litigando amparos en diversos juzgados en contra de la determinación prohibicionista, mientras que en el de Coahuila, existen algunas propuestas para permitir nuevamente los festejos taurinos. En Sonora la Tauromaquia fue prohibida en el año 2013, sin embargo, en 2023 con la emisión de la nueva Ley de protección animal se abrió la posibilidad de llevar a cabo nuevamente espectáculos taurinos.
En el caso mexicano, los intentos de los grupos prohibicionistas para acabar con la Tauromaquia se dieron tradicionalmente por la vía legislativa, con diversas propuestas de ley que pretendían proscribir las corridas de toros; ante el fracaso de esta estrategia, optaron por utilizar la vía de los tribunales. De esta forma, en mayo de 2022, una asociación civil sin mayores antecedentes en la defensa de los derechos ambientales o del bienestar animal, interpuso una demanda de amparo en contra de la celebración de corridas de toros en la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra asentada la Plaza México, con el argumento insostenible de que estos espectáculos dañan el medio ambiente, sin embargo, lograron la suspensión de los festejos como medida precautoria.
La empresa de la Plaza México promovió el recurso correspondiente, el cual fue atraído para su estudio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien en diciembre de 2023 resolvió por unanimidad revocar la suspensión de los eventos taurinos en la alcaldía Benito Juárez, por lo que a partir de entonces se pueden llevar a cabo corridas de toros en la Plaza México, en tanto se resuelve el fondo del asunto, cuya primera instancia fue favorable para la Tauromaquia. Cabe destacar que después del amparo contra la Plaza México, se interpusieron otros con la misma finalidad en los estados de Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California, Aguascalientes y Jalisco.
Otro asunto relevante que conoció la SCJN, fue sobre una declaratoria de las corridas de toros como patrimonio cultural por parte del Congreso del estado de Nayarit, la cual fue combatida vía amparo por una asociación civil; al respecto, la SCJN determinó que tanto la Tauromaquia como las peleas de gallos son actividades culturales en las que se actualiza un interés nacional, por lo que no son las entidades federativas sino la Federación, quien en todo caso debe reconocer el carácter de patrimonio cultural de dichas actividades.
Actualmente existe una iniciativa de reforma próxima a aprobarse para incluir en la Constitución la protección del bienestar animal, lo que daría origen a una Ley General de Bienestar Animal de aplicación nacional, que pudiera tener repercusiones en el terreno de la tauromaquia. Asimismo, son constantes las iniciativas de ley en diversas entidades federativas que tienen como objeto la prohibición de las corridas de toros.
Como puede advertirse de lo anterior, la fiesta brava vive una situación de constante asedio en México y los riesgos de su prohibición son latentes. Al respecto, Tauromaquia Mexicana, organización dedicada hace más de una década a la defensa de esta actividad, está realizando un intenso trabajo para llevar a los tomadores de decisiones los argumentos jurídicos, culturales, económicos, sociales y ambientales que explican y justifican la continuidad de la Tauromaquia en este país, a efecto de que la legislación en materia de bienestar animal sea compatible con la realización de espectáculos taurinos y para que la legislación cultural reconozca el carácter de patrimonio cultural de la Tauromaquia y, en ese sentido, la proteja como un derecho fundamental los grupo taurinos.
Salvador F. Arias Ruelas
Doctor en Derecho
Artículo incluido en el libro Diez años de defensa jurídica de la tauromaquia – Artículos de la Fundación del Toro de Lidia 2016 – 2025
