Pensar el derecho es pensar la sociedad en la que queremos vivir: qué ámbito de libertad queremos disfrutar y cuánta estamos dispuestos a soportar de nuestros conciudadanos; hasta dónde aceptamos que el poder determine lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que puede saber de nosotros, de nuestros gustos, nuestra vida y nuestra hacienda; si aceptamos convivir con empresas tan poderosas que puedan limitar de qué puede hablarse y con qué lenguaje en el debate público o los contenidos audiovisuales que pueden difundirse; si es la sociedad o son los padres los que deben determinar (o hasta dónde cada uno) los valores en los que se educan los niños;…
En esta labor de pensar el derecho, la tauromaquia se ha mostrado en los últimos años como un perfecto termómetro de las costuras del sistema.
Ha habido administraciones autonómicas que prohibieron la tauromaquia en un ejercicio simbólico de desconexión con la imagen y la normativa del conjunto de España, aunque apelando a razones de puritanismo moral animal, como antes la Iglesia había apelado a un puritanismo celestial. Lo simbólico luego dio lugar a otras pretensiones de desconexión, con efectos perversos que las prohibiciones taurinas ya auguraban.
Otras administraciones utilizaron competencias propias para imponer como único posible un tipo de espectáculo taurino que nunca había existido y que no pretendían que existiera. Fue el intento de prohibir indirectamente lo que el Tribunal Constitucional les había prohibido prohibir, en un ejercicio premonitorio de otros desprecios de diversas administraciones a variadas resoluciones judiciales o explícitas normas de carácter estatal. Siempre, eso sí, apelando a valores superiores.
Hubo normativa que prohibía a los menores acceder a los toros, menores a los que se había autorizado, sin embargo, a tomar sin conocimiento de sus padres decisiones irreversibles para su cuerpo. Poco después, una ministra lo dejó claro: los hijos no son de los padres y el Estado es el único que puede decidir los valores que pueden transmitírseles. La tauromaquia fue, nuevamente, sólo un primer escalón.
“Hace ya tiempo, Ortega y Gasset afirmó que no se podía comprender la historia de España desde 1650 sin entender la historia de las corridas de toros. Y Enrique Tierno Galván afirmó que los toros son el acontecimiento que más ha educado social, e incluso políticamente, al pueblo español.”
Tampoco preocupó a casi nadie que las plataformas digitales apelaran a sus propios términos de uso para expulsar de sus ecosistemas digitales cualquier vídeo de temática taurina. Era una materia que hería algunas sensibilidades y las plataformas, en su libérrimo ejercicio como empresas privadas, tenían el derecho a hacerlo. Cuando poco después, utilizando los mismos criterios, se borró la cuenta del presidente de la nación más poderosa del mundo algunos, comulgaran o no con tan peculiar sujeto, empezaron a plantearse si era buena idea que decisiones como esa pudieran ser adoptadas unilateralmente por una empresa privada conforme a sus valores, normas e intereses.
Todo esto no debe extrañarnos. Hace ya tiempo, Ortega y Gasset afirmó que no se podía comprender la historia de España desde 1650 sin entender la historia de las corridas de toros. Y Enrique Tierno Galván afirmó que los toros son el acontecimiento que más ha educado social, e incluso políticamente, al pueblo español.
Pensar el derecho es pensar la sociedad en la que queremos vivir. Y pensar en cómo tratan jurídicamente las administraciones la tauromaquia se ha demostrado una reflexión especialmente útil para testar el respeto del poder hacia la libertad individual y hacia las expresiones culturales de los individuos y los pueblos. Como ha servido igualmente para comprobar si desde el poder se controla y limita a quienes (administraciones o empresas) quieren imponer un modo único, global, de pensar la realidad.
Como hace más de cuarenta años cantaba La Bullonera “estábamos hablando de la libertad”.
